Informamos a la comunidad universitaria y a la opinión pública que, en sesión del Consejo Superior realizada en el día de ayer 9 de septiembre, se aprobó la radicación de una iniciativa legislativa autónoma correspondiente al proyecto de ley para el cambio de naturaleza jurídica de la Universidad Autónoma del Caribe para su transformación y oficialización como universidad pública de orden nacional.
Para el efecto, el Consejo Superior autorizó al rector y representante legal, Jorge Senior Martínez, para adelantar las gestiones respectivas en el Senado de la República en el curso de los próximos días. Esto incluye, adicionalmente, gestionar mensaje de urgencia por parte del Ministerio del Interior.
La aprobación se logró por votación, con siete votos a favor y una abstención. No hubo votos en contra. En la sustentación se tuvieron en cuenta las múltiples actividades de pedagogía y participación para analizar y discutir la propuesta general en el seno de los diferentes estamentos universitarios, incluyendo sus organizaciones. El Consejo Superior tiene nueve miembros, tres de los cuales son elegidos democráticamente por los estamentos: profesores, estudiantes y egresados.
En la reunión estuvo presente la inspectora in situ que representa al Ministerio de Educación Nacional, en calidad de observadora, garantizando la transparencia. Esto no implica aprobación alguna por parte del ministerio, pues la universidad deberá presentar en las próximas semanas un estudio socioeconómico de factibilidad. En su momento, eventualmente, el ministerio evaluará y emitirá concepto técnico al respecto, una vez surtidos los trámites correspondientes.
También hubo una participación virtual en la sesión por parte de la senadora Laura Fortich, en calidad de invitada. La senadora presentó un saludo y manifestó su disposición para radicar el proyecto en coautoría con senadores de diferentes bancadas de todo el espectro político. La iniciativa legislativa deberá ser suprapartidista y tiene un objetivo social.
Es importante señalar que, esta gestión no afecta el calendario académico, ni ahora ni en el futuro, ni afecta los derechos adquiridos de estudiantes y trabajadores; la normalidad académica continúa a cabalidad.
Asimismo, es pertinente dejar en claro que en el contexto del debate en el Congreso de la República, el representante legal de la institución y la propia comunidad universitaria deberán ser partícipes de la discusión y el análisis de diversas maneras.
Una condición sine qua non para la implementación de la eventual ley es la anuencia formal y explícita del Consejo Superior. Tal decisión la tomará el Consejo Superior después de expedida la ley y sin ella, no hay implementación.
Agradecemos a toda la comunidad universitaria su apoyo y confianza en este proceso que busca fortalecer nuestra institución y asegurar su crecimiento y consolidación en beneficio de todos.
JORGE SENIOR MARTÍNEZ
Rector
