Un rector designado tiene una misión: buscar e implementar una solución estructural estratégica a las condiciones que generaron la intervención del MEN (Ministerio de Educación Nacional) en el menor tiempo posible. La primera opción o plan A es buscar una solución basada en las propias capacidades internas de la institución en el marco de las condiciones de mercado: corregir las irregularidades anteriores, reducir costos y aumentar ingresos para generar superávit en la operación anual y poder pagar la deuda. Alrededor de 25 estrategias han sido sopesadas, implementando las más viables dentro de las condiciones limitantes de la institución y del mercado actual de la educación superior en Barranquilla, Atlántico, región Caribe y Colombia. Lo perentorio es lograr una reformulación del plan de pagos sustentada en realidades que arroje una perspectiva de solución estructural. En ese empeño nos mantenemos y no cejaremos en ese esfuerzo.

Paralelamente buscamos una alternativa, una suerte de plan B, ya no limitada a las propias capacidades internas como en la primera opción, sino abierta a algún tipo de inversión externa. Este salvavida externo puede ser público o privado, pero en cualquiera de los dos casos no ha de tratarse de una utópica ayuda caritativa, sino de una operación que resulte atractiva y justificada para el inversionista externo, ya sea por rentabilidad económica para el eventual inversionista privado o por ser ventajosa para la nación si se trata de inversión pública, en el sentido de ser una inversión más eficiente para los objetivos de ampliación de cobertura, calidad educativa y salvaguarda del derecho a la educación y el derecho al trabajo.

Para la actual administración, es preferible la opción pública, por múltiples razones: 1. Concebimos la educación como derecho, más que como un negocio. 2. Encaja con la política pública del MEN y gobierno nacional. 3. Aún siendo privada, la UAC tiene una propiedad social difusa y está intervenida por el Estado (bajo Ley 1740 de 2014). 4. Hay una ventana de oportunidad aprovechable en la coyuntura actual y sería irresponsable no intentarlo.

Examinemos entonces la viabilidad de esta alternativa que implica un cambio de naturaleza jurídica (CNJ). Es cierto que el legislador no previó la transformación de universidades privadas en públicas, ni en la Ley 30 de 1993, ni en la Ley 1740 de 2014.

Pero la Universidad Internacional del Trópico Americano -Unitrópico- es un antecedente reciente que abrió el camino y mostró la viabilidad de ese tránsito, plasmado en la Ley 1937 de 2018. El pasado 22 de mayo cinco funcionarios y profesores de Unitrópico visitaron la UAC y expusieron ante buena parte de la comunidad universitaria su experiencia durante casi seis horas (la grabación está disponible en YouTube, puedes solicitar el enlace). Su asesoría sigue siendo invaluable.

Otro punto favorable es el apoyo del gobierno nacional, cuya política respecto a la educación superior es muy clara: potenciar la educación pública. El presupuesto para educación en el actual gobierno es el más alto de la historia, elevándose de 50 a 70 billones. El gobierno asumió el compromiso de crear 500.000 nuevos cupos y al cabo de tres años anunció que ya ha creado 190.000 nuevos cupos. Es un indicador muy bueno, pero aún lejos de la meta. El gobierno debe acelerar el proceso en su último año. Nosotros le ofrecemos al gobierno nacional la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación superior pública en unos 12.000 a 14.000 nuevos cupos, de los cuales unos 6.000 serían por cambio de cupos privados a públicos y los otros 6.000 a 8.000 serían absolutamente nuevos para el sistema. Esto es factible porque la UAC tiene capacidad instalada suficiente para acogerlos (con una pequeña inversión) y porque la política de gratuidad en pregrado resulta sumamente atractiva como lo prueba el crecimiento de la IUB en Barranquilla. La nación haría un magnífico negocio al invertir en una nueva universidad pública que no arranca de cero, que tiene un notable acumulado histórico, 46 programas registrados de muy buena calidad, polideportivo, auditorios, aulas, laboratorios.

He tenido la oportunidad de conversar esta opción con el ministro de educación Daniel Rojas (quien la consideró audaz), el ministro de trabajo Antonio Sanguino (entusiasta de la UAC como universidad pública de la región Caribe, al igual que el gobernador del Atlántico Eduardo Verano), la directora del Dapre Angie Rodríguez y el ministro del interior Armando Benedetti (que asumió compromiso para mensaje de urgencia al Congreso). También he conversado con el ministro de hacienda Germán Ávila. Hay ambiente favorable en el alto gobierno.

El tercer punto a favor es el propio Congreso de la República, que en la actual legislatura tiene un presidente, senador Lidio García, que es egresado de comunicación social de la Universidad Autónoma del Caribe. El proyecto de ley se radicaría por vía del partido liberal en coautoría con senadores de casi todas las bancadas principales del espectro político, garantizando así su carácter suprapartidista y su potencial consenso, ajeno a toda polarización, dado que se trata de rescatar una institución muy querida en el Caribe colombiano. Esperamos que la bancada costeña apoye en pleno este noble propósito.

Antecedente exitoso, apoyo gubernamental, Congreso receptivo y permeable con presidente propio de UAC, he ahí tres condiciones esenciales que pintan muy favorables justo en el presente momento histórico. Pero hace falta una cuarta condición que es fundamental.

El cuarto y decisivo punto es la fuerza de una comunidad universitaria unificada en un propósito, sin vacilaciones ni miopías. Ese es el ejemplo que nos enseña Unitrópico: unidos, proactivos, persistentes, así lograron su objetivo. La propuesta es un gana – gana para todos los estamentos. El CNJ favorece a los estudiantes por la política de gratuidad en lo público (en pregrado) y porque la inversión pública en la academia mejora la calidad del servicio educativo y de bienestar. Los docentes y trabajadores tendrán mejores condiciones laborales y salariales. Entonces la comunidad universitaria podrá abocar objetivos de grandeza que hoy son esquivos: acreditación institucional, proyección nacional e internacional, crecimiento y expansión con nuevas sedes en otros departamentos del Caribe colombiano.

Para alcanzar la cuarta condición hacemos una amplia pedagogía con toda la comunidad y abrimos este micrositio hasta resolver todas las legítimas inquietudes y que haya suficiente ilustración. La ventana de oportunidad está abierta. Si somos una comunidad unida, valiente, decidida, con visión clara, entonces podremos decir: ¡el futuro es nuestro!